Alberto Fabra negocia con TVE para que le haga la propaganda desde el centro territorial, tras el cierre de Canal Nou

El Gobierno de la Comunidad Valenciana quiere que la televisión estatal amplíe la franja de desconexiones territoriales para poder ofrecer así información regional a través de la señal de TVE. Con esta fórmula pretende abrir una “ventana” que venga a cubrir el hueco que dejó Canal 9 tras cerrar sus emisiones a finales del pasado noviembre.
Con este apagón, Valencia se ha convertido en la única comunidad con lengua cooficial que carece de medios públicos de radio y televisión. Para suplir esta carencia, el presidente regional, Alberto Fabra, ha lanzado una llamada de emergencia a TVE.
Según expuso ayer en el Fórum Europa, Tribuna Mediterránea, el modelo que negocia con la corporación estatal, “va a ser una realidad”. Y además, afirma que se podría exportar a otros entes que atraviesan por dificultades financieras. “El papel de las televisiones autonómicas no es hacer la competencia a las nacionales sino contar lo nuestro, y para ello hay que hacerlo de forma muy eficiente”, apuntó. Entes como los de Murcia y Madrid han recortado al máximo la producción de contenidos propios.
Las declaraciones del presidente valenciano han generado “sorpresa” en RTVE, donde aseguran que no se está celebrando ningún tipo de negociación. “El escenario que plantea Fabra es absolutamente inimaginable. Ya nos gustaría tener antena y recursos humanos, pero no estamos en condiciones de afrontar colaboraciones que vayan más allá de lo que ya se está haciendo”, sostuvieron ayer fuentes de la corporación. TVE tiene dos pequeños bloques de desconexión territorial antes y después del Telediario 1. Incrementar el horario y hacerlo, además, en los distintos ámbitos autonómicos es “una ficción”, matiza la corporación. “No estamos en condiciones de expandirnos”, subraya.
Las autonómicas se han convertido en un potente instrumento informativo. Sus telediarios alcanzan cuotas que superan el 30% de audiencia, un porcentaje muy superior al que registran los operadores nacionales. De ahí el empeño de Fabra de poder contar con una franja potente y eficaz. Con esta opción salvaría también el desgaste que para su Gobierno ha supuesto el cierre del ente público, una decisión que se produjo poco después de que los tribunales declararan nulo el expediente de regulación de empleo que afectaba a 1.200 trabajadores. Su readmisión hubiera supuesto, según los cálculos del Ejecutivo regional, alrededor de 40 millones de euros.
 

 

Vía: El País