Número 160 del Paseo de la Castellana. Sede del Ministerio de Industria. Era jueves 9 de enero, primera semana completa laborable del año. Allí estaban convocados los representantes jurídicos de las televisiones. El motivo de esta reunión fue el de dialogar y acercar posturas tras la sentencia del Supremo, conocida a finales de diciembre, y que apremia a que los operadores se desprendan de los siguientes canales: Atresmedia, tres; Mediaset, dos; Unidad Editorial, dos; y Net TV, otros dos.
Según ha podido confirmar El Confidencial Digital, a la cita acudieron los abogados externos de los grupos televisivos. Lideraron la ‘expedición’ los representantes de Atresmedia y de Mediaset. Por parte de Industria, la delegación estuvo encabezada por Víctor Calvo-Sotelo, secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información.
Las fuentes consultadas por ECD indican que fue una reunión “formal” y “cordial”. Fue una primera toma de contacto entre ambas partes tras dicha sentencia del Supremo de diciembre, que ya ha sido recurrida por los grupos televisivos.
Todas las fuentes consultadas coinciden en señalar en que los representantes de Industria se comprometieron a revolver el problema que se les ha planteado a las televisiones. Comunicaron que estaban barajando varias posibilidades y que ya les comunicarían, en cuestión de semanas, a las cadenas la decisión que tomará el Ejecutivo.
El ambiente a día de hoy en los cuarteles generales de las televisiones es de tranquilidad. Los equipos jurídicos les han transmitido que tienen las de ganar en este conflicto y que el Gobierno tendrá que reponer de lo que ahora la justicia les obliga a tener que desprenderse.
Pues bien, según ha podido confirmar El Confidencial Digital, las televisiones han transmitido al Ejecutivo que están dispuestas a demandar ante los tribunales al Estado si el Gobierno les quita canales y no les propone una solución justa.
Como ya publicó ECD, lo que demandan Atresmedia, Mediaset y el resto de cadenas es que el Gobierno apruebe una ley y que sean los operadores los que decidan cuántos canales quieren tener.
Las cadenas calculan que, en caso de tener que acudir a los tribunales, la demanda sería millonaria. Exigirían daños y perjuicios al Estado por una decisión que les provoca un serio daño empresarial, explican las fuentes consultadas.
En general, lo que las televisiones privadas argumentan es que un Gobierno (el de Zapatero) les concedió unos canales y que ahora no les puede quitar después de la inversión, puestos de trabajo creados, gestión de marcas y demás decisiones que han tomado en los últimos años.
Vía; ECD
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